Entre la Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y la atención de Salud mental: la derivación a tratamiento psicológico como espacio bisagra de la articulación intersectorial
DOI:
https://doi.org/10.18294/smyc.2024.5296Palabras clave:
protección de derechos, salud mental comunitaria, articulación intersectorial, derivación, infancias, adolescenciasResumen
En este artículo se presentan algunos de los resultados de la tesis de investigación realizada en el marco dela Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Se tomó como objeto de estudio una práctica situada, en un espacio bisagra, entre la articulación intersectorial del área de Salud Mental y el Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, haciendo foco en la derivación a tratamiento psicológico como nudo problemático, el cual permite visibilizar tensiones en los circuitos institucionales y analizar las perspectivas y acciones de los actores de los organismos de protección, de Salud Mental y de las familias. Se parte de que la indicación de tratamiento psicológico es una de las medidas integrales de protección de derechos previstas por la Ley Nacional 26.061/2005 y la Ley Provincial 13.298/2005, y será analizada como una de las técnicas desplegadas en el gobierno de las familias. Se trató de un estudio exploratorio/descriptivo con un abordaje metodológico mixto, cuantitativo y cualitativo, con un diseño flexible. Se relevaron durante seis meses todos los pedidos de intervención a Salud Mental, arrojando un total de 52 casos examinados, y se entrevistó a profesionales de Servicios Locales, del área de Salud Mental y familias, incluyendo la voz de una joven.
En los hallazgos a describir se aportan conocimientos sobre las situaciones de vulneración de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes, y se advierte sobre la escasez de recursos y limitaciones en las medidas de protección empleadas por los organismos locales. Asimismo, la articulación intersectorial presenta tensiones y no se logra un abordaje integral entre los sectores, utilizando una interpretación inadecuada de la corresponsabilidad que no consigue superar la lógica de derivación de casos. Por último, se exponen tensiones entre la perspectiva de los agentes de los organismos de protección de derechos y de las familias.
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