INTRODUCCIÓN

Como lo señala el Estudio mundial sobre el homicidio 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la juventud está en riesgo: casi la mitad de las víctimas de homicidios (43%) a nivel mundial tenían entre 15 y 29 años cuando fueron asesinadas¹. Si a esto se le agregan los 36.000 niñas y niños de menos de 15 años asesinados (8% del total), más de la mitad de las víctimas de homicidios en el año 2012 a nivel mundial no alcanzaron a cumplir los 30 años de edad. Esta tendencia es más pronunciada en América Latina: en el caso de América del Sur y América Central, la tasa de homicidios de víctimas masculinas que tienen entre 15 y 29 años es cuatro veces mayor que el promedio global para ese grupo etario¹. Otros estudios también dan cuenta de la mortalidad por causas violentas en adolescentes y jóvenes, mostrando que constituyen su principal causa de muerte en distintos países de la región^2,3,4,5.

Esta violencia hacia los jóvenes se produce en un contexto general de precariedad de la niñez y juventud en América Latina. Como señala el informe de Unicef:

...la pobreza afecta a adolescentes y jóvenes de una manera desproporcionada: en 2008, se estimaba que 35 millones de adolescentes de la región, de edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, vivían por debajo del umbral de la pobreza. Casi 15 millones de adolescentes, de entre 10 y 18 años, vivían con menos de 1 dólar al día.⁶

Asimismo, el 62% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 57% de los de 15 a 19 años, presentaban al menos una privación en sus condiciones habitacionales. Además, uno de cada seis adolescentes de 10 a 19 años no asistía a la escuela, y una quinta parte atendía un año de estudios que resultaba dos o más años inferior a lo que les correspondería por su edad, limitando sus oportunidades futuras y su plena participación en la sociedad civil⁶.

Sin embargo, la mayor vulnerabilidad de los adolescentes y jóvenes de la región se encuentra poco visibilizada, ya que se los muestra más como victimarios que como víctimas, y, en general, más como fuente de problemas que de soluciones⁶. Este estigma hacia los jóvenes y, en especial, hacia los adolescentes, reduce su reconocimiento como plenos sujetos de derechos por parte de los Estados. Por lo tanto, siguiendo a otros autores, parece razonable referirse a dicha tendencia como “juvenicidio”, dando cuenta no solo de la masividad de jóvenes asesinados sino también de los procesos de precarización y estigmatización que posibilitan dichos asesinatos y que los mantienen invisibilizados, legitimando la impunidad desde el Estado^7,8,9.

Así, en este trabajo se pretenden analizar los homicidios de los jóvenes en América Latina como “juvenicidio”, haciendo especial énfasis en el rol de las armas de fuego, las cuales se encuentran muy asociadas a los homicidios, ya que 4 de cada 10 homicidios a nivel global son cometidos con estas, llegando a causar dos tercios de los homicidios en el continente americano¹. Al contrario de lo que se cree, la problemática de los homicidios con armas de fuego no se limita a las muertes en ocasión de robo, sino que se relaciona también con conflictos interpersonales, incluyendo feminicidios, y con conflictos político-sociales^{10,11,12,13,14}. Además, las armas de fuego son utilizadas para cometer suicidios y como mecanismo de muerte en accidentes^{15,16,17,18,19,20,21}.

En el año 2014, en América Latina murieron por armas de fuego aproximadamente 100.000 personas (97.849), el 84% de los casos por agresiones, el 3% por suicidios, el 2% por accidentes, el 1% por intervención legal y el 10% restante, por lesiones con armas de fuego cuya intención no fue identificada²². Teniendo en cuenta su impacto en los niveles de mortalidad, se considera que la disponibilidad de las armas de fuego es un factor de riesgo para la salud pública²³ y, de forma más amplia, como un problema social que requiere poner en cuestión la construcción cultural que legitima su tenencia y oculta su impacto social, económico y político²⁴. En efecto, las armas, además de las pérdidas de vidas humanas, pueden intensificar la delincuencia, debilitar los lazos sociales, limitar el desarrollo económico y erosionar la gobernabilidad democrática^25,26,27,28.

Considerando los altos niveles de homicidios de jóvenes y el rol de las armas de fuego en los homicidios en general, este estudio tiene como objetivo principal analizar el impacto de las armas de fuego en los homicidios de jóvenes en América Latina en la actualidad. Así, se busca visibilizar el “juvenicidio armado” que tiene lugar en nuestra región, mostrando que se trata de un grupo poblacional particularmente vulnerable a la violencia armada. En este sentido, como aporte al campo de conocimiento, este estudio actualiza investigaciones similares anteriores a partir del análisis de datos más recientes^2,4,5; se focaliza en la población joven de cada país de América Latina, a diferencia de otros estudios que analizan la población general^12,14,24; y compara varios países de la región, a diferencia de otros que se circunscriben a uno o dos países^2,4,5,14,24. Además, se presentan algunas contribuciones a los debates metodológicos y teóricos en materia de muertes de jóvenes y por armas de fuego ya existentes^{8,9,13,17,26,27,28,29,30,31}. Para ello, se demandan políticas preventivas que limiten el acceso a las armas de fuego, reduzcan las condiciones de precarización juvenil en las que la violencia tiene lugar, y cuestionen la estigmatización de los jóvenes como victimarios, que legitima la impunidad estatal y el abandono de los jóvenes como víctimas de la violencia con armas de fuego.

METODOLOGÍA

Para responder al objetivo de investigación, se realizó un estudio epidemiológico descriptivo transversal de los homicidios por armas de fuego en los países de América Latina. Para ello, se decidió analizar los datos provenientes de las estadísticas de salud, en particular, los datos de mortalidad, siguiendo la Clasificación internacional de enfermedades, 10ª Revisión (CIE-10) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud³². Para obtener los datos de la región, se consultó el sitio web oficial de la OPS que compila y publica las estadísticas de las causas de defunción remitidas anualmente por los países miembro, siendo el 16 de junio de 2016 la última actualización de la base de datos de mortalidad.

Para poder llevar a cabo el estudio, se prefirió la fuente sanitaria por sobre la policial, ya que se supone que es de mayor calidad: primero, la fuente sanitaria cuenta con una “ventana” de 30 días para registrar posibles defunciones de personas lesionadas, a diferencia de lo que sucede con la fuente policial que se basa, en general, en el primer parte policial, sin considerar desenlaces posteriores; segundo, la fuente sanitaria contabiliza víctimas y no hechos como lo hacen algunas fuentes policiales, lo cual puede llevar a un mayor nivel de registro; tercero, se supone que la fuente sanitaria tiene menores incentivos en subregistrar los homicidios, ya que su accionar no es evaluado por dicho indicador, a diferencia de lo que ocurre con la fuente policial; y cuarto, la estadística sanitaria se produce siguiendo un sistema estandarizado internacional de códigos (CIE-10), lo cual permite una mayor comparabilidad internacional y reducción de errores de clasificación^33,34.

No obstante, cabe señalar que, en algunos países, el nivel de subregistro es mayor en la fuente sanitaria que en la policial, tal como se detalla en el informe de Fleitas et al.³³ en el que se comparan los datos de homicidios informados por UNODC, que se basan principalmente en la fuente policial, y los de la OPS, basados en la fuente sanitaria de cada país. Esto probablemente se deba al abuso de categorías residuales de la CIE-10 como “muertes de intención no determinada,” tal como se verá más adelante^29,30. Sin embargo, solo la fuente sanitaria regional cuenta con la información de homicidios desagregada por sexo y grupo etario de la víctima y, al mismo tiempo, por el mecanismo de muerte, lo que permite realizar el presente estudio sobre la incidencia de los homicidios con armas de fuego de jóvenes en América Latina³⁵. Por lo tanto, se eligió la fuente sanitaria por sobre la policial, aunque se recomienda tomar con precaución el siguiente análisis y considerarlo como un piso de la situación real del fenómeno.

Para el presente trabajo, a fin de evaluar el impacto que tienen las armas de fuego en los niveles de homicidios en América Latina, se analizaron los siguientes casos clasificados según los códigos del CIE-10 de la OPS-OMS:

Agresiones (homicidios) con armas de fuego: X93 (agresión con disparo de arma corta); X94 (agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga); X95 (agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas). Intervención legal con armas de fuego: Y35 (intervención legal con disparo de arma de fuego). Eventos de intención no determinada con armas de fuego: Y22 (disparo de arma corta, de intención no determinada); Y23 (disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada); Y24 (disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada).

A fines prácticos, en primer lugar, los “homicidios con armas de fuego” se analizaron como el conjunto de muertes clasificadas como agresiones con disparo de arma corta, de rifle, escopeta y arma larga, de otras armas de fuego y las no especificadas (códigos X93, X94 y X95 de la CIE-10). En segundo lugar, también se tuvieron en cuenta las muertes por intervención legal con armas de fuego (código Y350 de la CIE-10) que refieren a las muertes ocurridas en enfrentamientos policiales, las cuales no son clasificadas como muertes por agresiones en la base de datos pero que, siguiendo a otros autores³³, algunas deberían ser consideradas como homicidios, a fin de evitar el ocultamiento de la violencia estatal punitiva.

En efecto, si bien algunas de estas muertes pueden cumplir los requisitos de legalidad del accionar policial, los “altos índices de letalidad policial constituyen problemas de seguridad pública y graves afectaciones a los derechos humanos”³⁶. Por lo tanto, en un trabajo como el presente, que busca analizar la violencia letal con armas de fuego hacia los jóvenes, se deben contemplar dichas muertes por intervención legal con armas de fuego. Algunos de los factores que explicarían esta alta letalidad policial en la región incluyen un elevado nivel de violencia, inestabilidad política,

...una cultura de aceptación de las tácticas de mano dura hacia presuntos delincuentes o grupos sociales percibidos como “peligrosos”, el uso de la metáfora de “estar en guerra” con grupos delictivos y el despliegue de unidades del ejército para llevar a cabo tareas policiales.³¹

Por lo tanto, en este estudio, se tendrán en cuenta las muertes en enfrentamientos policiales con armas de fuego de manera separada de los homicidios, pero luego de manera conjunta, teniendo en cuenta su relevancia en materia de derechos humanos.

En tercer lugar, se decidió también evaluar los casos registrados bajo los códigos Y22 a Y24 de la CIE-10, esto es, las muertes ocasionadas por el uso de armas de fuego, pero cuya intencionalidad no pudo ser determinada, pudiendo ser homicidios, suicidios o accidentes con armas de fuego. Entre los factores que mencionan Spinelli et al., como posibles causas de esta falta de información figuran:

...el precario funcionamiento de los institutos de medicina legal o morgue judicial, o su inexistencia en algunas jurisdicciones; la deficiencia en la formación médica para el óptimo registro en los certificados de defunción e informes estadísticos de defunción; la falta de consciencia sobre la relevancia de la información y el supuesto compromiso para el médico legista cuando asigna una circunstancia que podría vincularse con la causa jurídica del óbito, entre otros.²⁴

En la consultas con expertos y en trabajos anteriores se señala que estas muertes con armas de fuego de intención no determinada, se tratarían en su mayoría de homicidios mal clasificados^33,37. Para agregar evidencia en dicho sentido, se analizan los casos clasificados de esta manera a lo largo de la serie temporal de 1996 a 2014 de Argentina y Venezuela, ya que son los dos países en los que la proporción de estos casos es mayor. Por lo tanto, se presentan y analizan primero los datos por separado para agresiones y para muertes de intención no determinada con armas de fuego y luego de manera conjunta, aunque con la advertencia de que algunos casos podrían ser suicidios o accidentes mal clasificados y no homicidios.

Además, existen problemas de calidad en el registro del mecanismo de muerte por motivos similares a los mencionados para registrar la intencionalidad de la muerte²⁴. Esto conlleva al subregistro de las muertes ocasionadas por armas de fuego, tema central del presente artículo. Así, no solo hay muertes con armas de fuego de intención no determinada, sino también muertes cuyo mecanismo ni siquiera está especificado, más allá de la intencionalidad de la causa. Por lo tanto, se debe advertir nuevamente que se trata de un piso de los niveles reales de homicidios y otras muertes violentas de jóvenes con armas de fuego.

Para un mayor control de las conclusiones, se revisaron los datos de fuentes policiales publicados por UNODC sobre los porcentajes de homicidios cometidos con armas de fuego, aunque no tienen en cuenta la edad de la víctima³⁸, y los datos del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé³⁹ por rangos de edad o por mecanismo causante de muerte, pero que no contemplan el cruce de ambas variables. Por último, cabe señalar que no hay datos para todos los países para todos los códigos analizados. Esto hace sospechar que existen serios problemas de registro, aunque en algunos casos puede ser que no haya casos con esas características. De todas maneras, se recomienda entender el análisis a partir de un piso de casos, considerando que el problema sea probablemente mucho mayor.

En cuanto a los países incluidos en el análisis, de América del Sur se obtuvieron los datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; de América Central los datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y de América del Norte los datos referidos a México. Se tomaron en cuenta los datos del año 2014, dado que eran los más actualizados para la mayoría de los países, y del año 2013 para Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. De todas maneras, se utilizará el año 2014 como año de referencia, ya que la mayoría de los datos provienen de ese año. Para poder mantener la comparabilidad, se excluyó del análisis a Bolivia, ya que no presentaba información lo suficientemente actualizada.

Siguiendo a Baranger, quien retoma la tipología de Lazarsfeld y Menzel⁴⁰, se trata de unidades colectivas, ya que se estudian las propiedades de las muertes por armas de fuego de los jóvenes residentes de cada uno de los países de América Latina mencionados. Para identificar a los jóvenes de cada país, se retoma la definición de juventud de la Unesco⁴¹ como el período del ciclo de vida en que las personas pasan de la infancia a la condición de adultos, y durante la cual se producen importantes cambios que dependen de las condiciones sociales, culturales, étnicas, de clase y de género. Así, como período de transición entre la infancia y la adultez, sus límites no son precisos: en general, se identifica su inicio con el desarrollo de las funciones sexuales y reproductivas, que transforman la dinámica física, biológica y psicológica del niño, mientras que el final de la juventud varía cultural e históricamente, ya que se entiende de forma diferente a la adultez como cierta madurez social (estudios formales finalizados, trabajo y/o familia).

Así, en ámbitos rurales o de pobreza, el inicio de la juventud puede abarcar la franja etaria de los 10 a los 14 años y en ámbitos urbanizados y de estratos medio-altos abarcar hasta el grupo de 25 a 29 años. En efecto, teniendo en cuenta que esta etapa del ciclo de vida es experimentada de forma diversa en función de los clivajes de clase, género y territorio, algunos prefieren referirse a las juventudes en plural para dar cuenta de dicha diversidad de experiencias. Sin embargo, a fines comparativos existe cierto consenso en considerar como adolescentes al grupo de 10 a 19 años de edad y como jóvenes a las personas que tienen entre 15 y 24 años de edad^6,42.

No obstante, la fuente secundaria analizada de la OPS contiene problemas en el nivel de agregación de la información, ya que los datos se presentan agrupados por franjas de edad muy amplios: de 10 a 19 años y de 20 a 34 años, no permitiendo analizar los datos que van de los 15 a 24 años de edad referidos a los jóvenes. Teniendo en cuenta estas dificultades y, al mismo tiempo, el mayor prejuicio y estigmatización contra los adolescentes como victimarios violentos y no como víctimas de la violencia armada, se decidió tomar los datos del grupo etario de 10 a 19 años. Además, el grupo de 20 a 34 años se alejaba en mayor medida del grupo de interés teórico de los jóvenes. Por lo tanto, se analizan los datos de los adolescentes de 10 a 19 años de edad, aunque por cuestiones de redacción, se usará también el término jóvenes o juventud como sinónimos y juvenicidio como concepto que da cuenta del fenómeno en estudio.

Luego, a fines comparativos, se calcularon las diferentes tasas ajustadas por edad de forma directa, tomando como referencia las bases de datos de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 2015, sumando los grupos etarios 10 a 14 y de 15 a 19 años a fin de construir la base poblacional de adolescentes de 10 a 19 años de cada país⁴³. Para el análisis de los datos, se recurrió principalmente al programa Microsoft Excel 2010 y de forma secundaria al IBM SPSS Statistics 20.

RESULTADOS

A fin de organizar el análisis, primero se muestran los resultados correspondientes a las muertes por agresiones con armas de fuego (códigos X93 a X95) que son las muertes consideradas por homicidio; luego, se presenta el análisis de las muertes por armas de fuego en el marco de una intervención legal (código Y350) y, finalmente, las muertes por armas de fuego de intención no determinada (códigos Y22 a Y25). Por último, se tendrán en cuenta todas las muertes de jóvenes cometidas por armas de fuego por terceros, tomando de forma conjunta los tres subtipos anteriores (agresiones, intervención legal e intención no determinada con armas de fuego), tal como se observa en la Tabla 1.

Homicidios de jóvenes con armas de fuego en América Latina

El análisis de la base de datos de mortalidad por causas externas de la OPS, muestra que más de 14.427 adolescentes de 10 a 19 años fueron muertos por agresiones con armas de fuego en América Latina en el año 2014. Esto representa una tasa de 14,3 homicidios de jóvenes con armas de fuego por 100.000 jóvenes. Además, del total de muertes por homicidios con armas de fuego en América Latina, el 17,8% eran jóvenes, algo superior a la proporción de jóvenes en la población (17,5%). A su vez, cabe destacar que el 80% de todos los homicidios de adolescentes fueron causados con armas de fuego, lo cual muestra la alta incidencia de los homicidios con armas de fuego en este grupo etario. Dicho porcentaje es algo mayor en los países de América del Sur (82%) y algo menor en América Central (79%) y México (59%), aunque algunas de esas diferencias pueden deberse a los problemas de registro mencionados en la sección anterior.

Se observa una gran disparidad a nivel de los países, aunque, en casi todos, la mayoría de los asesinatos de jóvenes se producen con armas de fuego: en efecto, en países con altos niveles de homicidios, también es muy elevado el porcentaje de homicidios de jóvenes con armas de fuego: Venezuela (94%), Panamá (84%), Honduras (83%), Brasil (83%), Guatemala (82%), Colombia (78%) y El Salvador (77%). De manera similar, es elevado el porcentaje de jóvenes asesinados con armas de fuego en países que tienen menores niveles de homicidios como en Uruguay (78%), Costa Rica (77%), Argentina (68%), Ecuador (54%) y Chile (51%). En el resto de los países, la mayoría de los jóvenes muertos por agresiones también se debe a las armas de fuego, como en México (59%) y Paraguay (58%), y solo Nicaragua (47%) y Perú (7%) se encuentran por debajo de la mayoría, aunque seguramente haya problemas serios de subregistro en dichos países. Sin embargo, no todos los países tienen el mismo peso en la cantidad total de casos de América Latina: así de cada 100 muertes de jóvenes por agresiones con armas de fuego en el año 2014, 62 mueren en Brasil, 11 en Colombia, 10 en Venezuela, 6 en México, 4 en Guatemala, 2 en El Salvador y 1 en Argentina, siendo menor en el resto de los países.

Ahora bien, si se tiene en cuenta el tamaño de la población de adolescentes de cada país, esto es, los residentes que tienen entre 10 a 19 años según los datos de la CEPAL de 2015⁴², el análisis muestra que las mayores tasas de adolescentes asesinados por armas de fuego corresponden a Brasil (26,5/100.000), Venezuela (26,3/100.000), El Salvador (24,8/100.000), Colombia (19,7/100.000), Panamá (17,3/100.000) y Guatemala (14,6/100.000), todos por encima del promedio regional de 14,3 homicidios de jóvenes por armas de fuego cada 100.000 jóvenes en el año 2014. Cuando se incluyen los datos de muertes de intención no determinada con armas de fuego y de muertes por armas de fuego en intervenciones legales, se observa que Venezuela pasa a liderar el ranking con una tasa de 51,5/100.000, ya que es el país con mayores niveles de muertes subclasificadas de la región. De todas maneras, en todos estos países, la tasa supera el valor de 10 muertes cada 100.000 habitantes, lo cual en términos sanitarios es considerado niveles epidémicos⁴⁴ o como se mencionó en la introducción, de “juvenicidio”.

Homicidios de jóvenes con armas de fuego según el sexo de la víctima

Si se tiene en cuenta el sexo de los adolescentes muertos por agresiones con armas de fuego, la gran mayoría son varones, alcanzando el 94% a nivel regional. En efecto, en todos los países la proporción de varones asesinados supera el 80% de los casos, siendo igual al promedio regional en Venezuela, Panamá y Argentina, e incluso superior en Brasil (95%), El Salvador (95%) y Honduras, donde todos los asesinados con armas de fuego registrados eran varones. Así, por cada mujer adolescente asesinada con armas de fuego le corresponden 16 varones. Y si se tiene en cuenta el lugar de ocurrencia y el sexo al mismo tiempo, de cada 100 asesinatos con armas de fuego de jóvenes ocurridos en América Latina en el año 2014, 59 de ellos eran varones que residían en Brasil.

Lo anterior arroja una tasa de muertes por agresiones con armas de fuego de 26,5/100.000 para varones y de 1,7/100.000 para mujeres en América Latina en el año 2014. Así, se muestra que los varones jóvenes son los que están en mayor riesgo de una muerte violenta por armas de fuego en manos de otra persona, superando por varios puntos la tasa promedio de 14,3 para el grupo etario. En efecto, las muertes de mujeres adolescentes por armas de fuego registradas no alcanzan los mil casos (847), siendo los países que más contribuyen a dicha cifra Brasil (54%), Colombia (14%), México (12%) y Guatemala (10%).

Dado que el sistema estadístico no lo consigna, no se puede saber si estas muertes se tratan de femicidios o feminicidios, esto es, de mujeres asesinadas por su condición de género o si fueron asesinadas en ocasión de otro delito como, por ejemplo, un robo armado. Sin embargo, estudios anteriores dan cuenta de que el rol de las armas en dichas muertes machistas es considerable^{45,46,47,48,49}. Por ejemplo, en un informe que resume cinco años de análisis (2008-2012) de feminicidios en Argentina, se señala que, en promedio, el 28% de las víctimas mujeres fueron baleadas, siendo las armas de fuego el instrumento más utilizado para su comisión^50,51.

En ese sentido, el informe de Amnistía Internacional y Oxfam de 2005, advierte que la presencia de un arma en el hogar aumenta un 41% el riesgo general de que cualquier miembro muera por un arma pequeña, mientras que “en el caso de las mujeres ese riesgo se incrementa en un 272%”⁵². Asimismo, el riesgo de feminicidio es mayor cuando sus parejas forman parte de las fuerzas de seguridad o de empresas de seguridad privada, ya que con las armas reglamentarias, los hombres buscarían atemorizar y someter a las mujeres con las que conviven^52,53. En efecto, se considera que tanto la posesión de armas de fuego como la violencia de género responden a una misma fuente que es la construcción de la masculinidad hegemónica basada en la fuerza física y en la dominación^24,51,54.

Muertes de jóvenes por armas de fuego en enfrentamientos policiales

En cuanto a las muertes por intervención legal con armas de fuego, los 284 casos de jóvenes representan el 25% del total regional, por encima de su proporción poblacional de 17,5%. Lo anterior implica que al menos 1 de cada 4 casos registrados de muertes por disparos de armas de fuego en enfrentamientos policiales en América Latina en el año 2014 era un adolescente que tenía entre 10 y 19 años. De estas muertes de jóvenes en enfrentamientos policiales, el 79% proviene de Brasil, el 10% de Venezuela, el 8% de Colombia y el 3% restante de México. En el 99% de los casos, los abatidos eran adolescentes varones. No obstante, cabe señalar que estas cifras de muertes con armas de fuego por intervención legal podrían ser más elevadas no solo en los países mencionados, sino también en otros que no clasifican correctamente a dichas muertes policiales, tratando de ocultarlas probablemente bajo la categoría residual de “muertes por armas de fuego de intención no determinada”.

Por ejemplo, en el caso brasileño, el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) para el año 2013 registró 2.212 personas muertas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente con policías militares en servicio, muy superior a las 580 muertes registradas por intervención legal por la OPS para dicho año, que representan solo el 26% de las denunciadas por el FBSP³¹. Entre el año 2015 y 2016, el FBSP registró 5.896 personas muertas en intervenciones de las policías civiles y militares, de las cuales el 99,3% eran varones y el 81,8% eran jóvenes (entre 12 a 29 años)⁵⁵. En el caso argentino, el subregistro también es considerable, ya que en el año 2014 solo 2 muertes fueron clasificadas de esta manera en la base de OPS, cuando el Informe Anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reportó la muerte de al menos 155 particulares y de 33 funcionarios de seguridad en enfrentamientos solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En los casos que se pudo analizar, se señaló que este tipo de muertes representa el 11,5% sobre el total de los homicidios dolosos ocurridos en dicha área³⁶.

Sin tener en cuenta el uso de armas de fuego, se estimó que anualmente, entre el año 2007 y 2012, murieron 19.000 personas durante “intervenciones legales”, lo que a nivel global representa el 4% de las muertes violentas durante dicho período³¹. Sin embargo, como lo señala el FBSP, Brasil por sí solo ya supera dicho total global, lo cual lleva a considerar las cifras aquí expuestas como un piso mínimo del nivel de letalidad de la policía contra los jóvenes en la región.

Muertes de jóvenes con armas de fuego de intención no determinada

Como ya se señaló en la sección metodológica, se analizarán los casos registrados como muertes de intención no determinada con armas de fuego, esto es, los casos incluidos bajo los códigos residuales Y22 a Y25 de la CIE-10 de la OMS, ya que muchas veces se trata de homicidios con armas de fuego mal clasificados. En el año de análisis, hubo 1.828 muertes de intención no determinada con armas de fuego, de las cuales el 74% corresponde a Venezuela, el 11% a Brasil y el 9% a Argentina, y en menor medida a México, Colombia y otros países de la región. Esto plantea serios problemas analíticos, especialmente, para Venezuela y Argentina, ya que si se tiene en cuenta de forma conjunta las muertes con armas de fuego por agresiones, por intervención legal y las que no fueron identificadas, las muertes de intención no determinada con armas de fuego representan el 48% de los casos en Venezuela y el 44% en Argentina.

Si bien no se puede asumir que se traten de homicidios, ya que pueden ser suicidios o accidentes cometidos con armas de fuego, hay cierto indicio en ese sentido a partir del análisis de correlaciones entre los niveles de agresiones con armas de fuego y las muertes de intención no determinada con armas de fuego. Tomando toda la serie histórica de muertes de jóvenes en Venezuela entre 1996 y 2013, a medida que aumentan las muertes por agresiones con armas de fuego también se incrementan las muertes de intención no determinada con armas de fuego de manera significativa (coeficiente de correlación r de Pearson: 0,873; p=0,000 en prueba bilateral). En efecto, como se observa en la Figura 1, las tendencias son similares a lo largo del tiempo, lo cual lleva a pensar que se trata mayoritariamente del mismo fenómeno que se ve afectado por los mismos factores durante su evolución. Así, es válido considerar que son homicidios con armas de fuego mal clasificados de manera sistemática desde al menos el comienzo de la serie.

Figura 1. Número de defunciones de adolescentes por agresiones con armas de fuego y por lesiones de intención no determinada con armas de fuego, Venezuela, 1996-2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de causas externas de mortalidad de la Organización Panamericana de la Salud, 2017.

En el caso de Argentina, las muertes de jóvenes con armas de fuego de intención no determinada entre 1997 y 2014, se correlacionan positivamente con las muertes de jóvenes por agresiones con armas de fuego, de forma más leve, pero también de manera significativa (r de Pearson=0,566; p=0,05 en prueba bilateral), tal como se observa en Figura 2.

Figura 2. Número de defunciones de adolescentes por agresiones con armas de fuego y por lesiones de intención no determinada con armas de fuego. Argentina, 1997-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de causas externas de mortalidad de la Organización Panamericana de la Salud, 2017.

Por lo tanto, que en ambos países las muertes de jóvenes de intención no determinada con armas de fuego se correlacionen positivamente con las muertes por agresiones con armas de fuego (homicidios) de forma significativa, podría estar indicando que la mayoría de las muertes de jóvenes de intención no determinada con armas de fuego son homicidios, ya que tienen un patrón de evolución muy similar en un período de 18 años. En ambos países se podría estar ante un caso de subregistro sistemático de homicidios que al menos se puede rastrear hasta el año 1996 para Venezuela y hasta 1997 para Argentina. Como ya se mencionó, a esta misma conclusión arriban otros referentes de la temática^33,37.

A su vez, la comparación con datos provenientes de otras fuentes como las policiales o judiciales parecieran corroborar dicha interpretación. En el caso de Argentina, para el año 2014 para toda la población, si se toma de manera conjunta todas las muertes por agresión y las muertes por intención no determinada con armas de fuego de la fuente sanitaria (OPS), se llega a valores similares a los homicidios registrados por la fuente policial del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad (3.343 para la fuente sanitaria y 3.227 para la fuente policial), que arroja una tasa similar de 7,9 y de 7,6 cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En el caso de Venezuela, en el año 2013 para toda la población, si se toman de forma conjunta las muertes por agresión y las muertes de intención no determinada con armas de fuego de la fuente sanitaria se alcanzan 15.480 casos, más las 149 muertes por intervención legal con armas de fuego, dan un total de 15.629 muertes; valor similar a los 16.073 homicidios informados por el Instituto Igarapé a partir del informe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) gubernamental. Si bien los investigadores de las siete universidades nacionales que integran el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) informan para ese mismo año 24.763 muertes violentas en el país, incluyendo los homicidios legalmente establecidos, las averiguaciones de muerte y las muertes por resistencia a la autoridad⁵⁶, la cifra obtenida de forma conjunta se acerca más a esta estimación que si se toma en cuenta únicamente las muertes por agresiones.

Jóvenes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, se pueden considerar de manera conjunta las muertes por agresiones con armas de fuego (14.427), las muertes de intención no determinada con armas de fuego (1.828) y las muertes por intervención legal con armas de fuego (284), como 16.539 jóvenes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina en el año 2014. Esto implica que mueren baleados el 82% de los jóvenes muertos por otros en la región. Se decidió nombrar al presente conjunto de casos como “jóvenes muertos por terceros con armas de fuego”, dado que se excluyeron del análisis las muertes por suicidios con armas de fuego y las muertes por accidentes con armas de fuego. Cabe señalar que algunos accidentes letales con armas de fuego también podrían haber sido causados por otros y dar cuenta del nivel de violencia en la sociedad, tal como lo señalan Spinelli et al.²⁴, partiendo de una concepción relacional de la violencia.

Teniendo en cuenta el tamaño de la población, el total de casos implica una tasa de 16,4 adolescentes muertos de forma violenta por otros con armas de fuego cada 100.000 adolescentes en América Latina en el año 2014. Así, se incrementa en más de dos puntos la tasa que se había reportado únicamente para las agresiones con armas de fuego (14,3/100.000). Esto se debe a los cambios que sufren las tasas de tres países, especialmente la de Venezuela, que pasa a liderar la tabla con una tasa de 51,5/100.000, muy superior al 26,3/100.000 obtenido anteriormente; luego, la de Brasil que pasa a tener una tasa de 27,7/100.000, algo superior a la versión anterior (26,5/100.000), y Argentina que pasa de una tasa de 3,2/100.000 a una de 5,6/100.000 en la versión ampliada.

Ahora bien, si se comparan las tasas de muertes violentas con armas de fuego que sufre el grupo etario de 10 a 19 años contra las tasas de la población en general, se puede observar que, en algunos países, el grupo de adolescentes se encuentra en mayor riesgo de morir baleados por otros que la población en general. Por ejemplo, en Brasil los adolescentes superan en 6,6 puntos la tasa de la población general (27,7/100.000 contra 21,1/100.000); en Panamá los adolescentes tienen una tasa de 17,6/100.000 mientras que la tasa general es de 11,9/100.000; en Venezuela es de 51,5/100.000 para los jóvenes, algo mayor que la general de 47,9/100.000; por último, en Uruguay los jóvenes presentan una tasa de 5,5/100.000, superior al 4,1/100.000 de la población total.

En efecto, en promedio la tasa de muertes violentas por armas de fuego es de 16,4/100.000 para los jóvenes, medio punto mayor que la ya de por sí elevada tasa general de 15,9/100.000. Así, se demuestra que los jóvenes corren mayores riesgos de morir baleados por otros en América Latina, dando cuenta del rol de las armas de fuego en el juvenicidio que se produce anualmente en la región.

DISCUSIÓN

En este estudio se analizó la incidencia de los homicidios con armas de fuego de los adolescentes en América Latina a partir de un estudio epidemiológico transversal de las estadísticas de mortalidad compiladas por la Organización Panamericana de la Salud, siguiendo la CIE-10. Si bien es una fuente con varias limitaciones y un alto nivel de subregistro, permite realizar el estudio comparativo para la mayoría de los países de América Latina del año 2014 y, en algunos casos, 2013. Así, se obtuvo una tasa de 14,3/100.000 homicidios con armas de fuego en adolescentes, siendo mayor en Brasil, Venezuela, El Salvador, Colombia, Panamá y Guatemala. En efecto, como ya fue mencionado, de cada 100 muertes de jóvenes por agresiones con armas de fuego en el año 2014, 62 eran de Brasil, 11 de Colombia, 10 de Venezuela, 6 de México, 4 en Guatemala, 2 de El Salvador y 1 de Argentina, siendo menor en el resto de los países.

Más allá de estas disparidades, el 80% de todos los homicidios de adolescentes de la región fueron cometidos con armas de fuego, porcentaje que incluso es superior en varios países. Además, en todos los países, la gran mayoría de las víctimas adolescentes fueron varones, arrojando una tasa promedio regional de 26,5/100.000 para los varones y de 1,7/100.000 para las mujeres. Así, los varones jóvenes se encuentran en mayor riesgo de morir baleados en la región. Asimismo, en el 99% de los casos de muertos por armas de fuego en intervenciones legales también eran varones y, en términos generales, uno de cada cuatro casos registrados de muertos en enfrentamientos policiales, eran adolescentes. Así, ser varón adolescente incrementa las chances de morir baleado por una acción policial, especialmente si es en Brasil. De todas maneras, se sabe que hay muchos más casos de muertos en enfrentamientos policiales que no se encuentran debidamente registrados, dando cuenta de los altos niveles de letalidad policial en la región.

Además de estos problemas de la fuente, existen numerosos casos de adolescentes muertos por armas de fuego, que la intención de la causa externa no fue determinada, pudiendo tratarse de homicidios, suicidios o accidentes letales. En los países en los que la proporción de estos casos es mayor, esto es, en Venezuela y Argentina, se correlacionan positivamente y de forma significativa con los homicidios por armas de fuego desde mediados de la década de 1990 en adelante. Esta evolución similar permite sospechar que se trata de homicidios con armas de fuego subregistrados de manera sistemática. Por lo tanto, incluyendo estas muertes de intención no determinada con armas de fuego, las muertes por armas de fuego en acciones policiales, y las muertes por agresiones con armas de fuego, se obtiene una tasa de 16,4/100.000 adolescentes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina para el año 2014. Esta tasa supera en medio punto la ya elevada tasa a nivel de la población general, dando cuenta del rol de las armas de fuego en los niveles de violencia en la región y en particular, en la vida de los adolescentes.

Teniendo en cuenta este nivel de violencia armada contra los jóvenes y, al mismo tiempo, como se planteó en la introducción, los procesos de precarización económica y social, de estigmatización y de falta de protección estatal que lo hacen posible^6,7,8,9, se plantea que en la región se produce anualmente un “juvenicidio armado”. En efecto, el estigma que pesa sobre los jóvenes, pero especialmente sobre los adolescentes como causa de los problemas sociales, no permite mostrar que son ellos una de las principales víctimas de la violencia armada como se mostró en el análisis. En particular, se observó a partir de los datos que los varones adolescentes constituyen la principal víctima de la violencia armada. Luego, si bien son pocos los casos de mujeres asesinadas por armas de fuego en comparación con los varones, estudios anteriores han mostrado que gran parte de ellos son feminicidios, esto es, expresión de la violencia machista hacia las mujeres^{17,34,47,48,49,50,51,52,53,54}.

Por lo tanto, se requiere impulsar políticas de prevención de la violencia armada hacia las y los adolescentes y jóvenes, a partir de medidas específicas de control de armas y desarme, y de campañas contra la estigmatización de la juventud que fomenten una cultura de la no violencia. En términos generales, se demanda una estrategia integral de promoción del desarrollo adolescente y juvenil “enmarcada en los principios y normas de derechos humanos e igualdad de género” que limiten las condiciones que favorecen la reproducción de la violencia⁶. Por último y no menos importante, se requiere que los Estados adopten medidas para mejorar los sistemas de registros policiales y sanitarios que permitan visibilizar los distintos tipos de violencia que afectan diariamente a las y los adolescentes y jóvenes de la región, y así diseñar políticas de protección y de respeto de sus derechos como ciudadanos plenos.