Introducción

Los programas estatales de asistencia alimentaria dirigidos a poblaciones vulnerables tienen como objetivo garantizar el acceso a alimentos seguros y mejorar las condiciones nutricionales de niños y familias en situación de pobreza. Estos programas cumplen un rol central en las políticas públicas de seguridad alimentaria en América Latina, particularmente en contextos de desigualdad estructural y vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, existe una contradicción aparente poco abordada en las políticas alimentarias contemporáneas: programas diseñados para reducir la inseguridad alimentaria podrían constituir, simultáneamente, una vía de exposición cotidiana a residuos de pesticidas en poblaciones particularmente sensibles, como niños en edad escolar y familias en situación de pobreza.

El glifosato, uno de los herbicidas más utilizados a nivel global, ha sido ampliamente documentado en relación con su presencia en sistemas agrícolas intensivos y su posible persistencia en la cadena alimentaria, lo que ha generado creciente preocupación en torno a sus implicancias para la salud pública. Pese a ello, aún son escasos los estudios que analizan su presencia en alimentos distribuidos por programas sociales de alimentación en América Latina, así como sus posibles implicancias en términos de seguridad alimentaria.

En este contexto, el presente estudio se orienta a detectar y cuantificar residuos de glifosato en alimentos distribuidos por los programas sociales Qali Warma (Perú) y la Canasta de Emergencia Alimentaria (Uruguay), con el objetivo de aportar evidencia empírica, obtenida mediante el método Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA), en el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria LaTraMA, de la Universidad de la República (Uruguay), sobre la posible exposición alimentaria a este herbicida en poblaciones beneficiarias de dichos programas, y discutir sus implicancias para la seguridad alimentaria y las políticas públicas de asistencia nutricional.

Expansión del glifosato: programas de alimentos y reconfiguración del sistema agroalimentario global

La historia de los programas de alimentos en América Latina se remonta a la década de 1930, cuando la atención se centraba en la nutrición y las condiciones alimentarias del trabajador, hecho que se manifestó en la 1ª Conferencia Regional Americana celebrada en 1936 en Santiago de Chile. Recién en la década de 1940, el foco de los programas alimentarios comenzó a desplazarse hacia la desnutrición infantil^1,2.

Tras la Segunda Guerra Mundial, dentro del marco de las Naciones Unidas fueron emergiendo organizaciones enfocadas a la producción de alimentos y la nutrición mundial, así se fundó la Food and Agriculture Organization (FAO), en 1946 el United Nations Children’s Fund (UNICEF), dos años después la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 1963, se introdujo el Programa Mundial de Alimentos (PMA). EEUU fue uno de los principales donantes al PMA debido a la abundancia de sus excedentes agrícolas y promulgó una ley de ayuda humanitaria para dichos excedentes (Public Law 480)³. Los objetivos del PMA se basaban en brindar asistencia de emergencia alimentaria en contextos de sequía, conflictos o pobreza extrema, y las acciones dirigidas a largo plazo se centraban en programas de alimentación escolar, incidencia agrícola y asistencia nutricional. Años más tarde, en 2003, el PMA comenzaría a colaborar con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) en la entrega de alimentos a personas afectadas por el sida^4,5.

Al mismo tiempo, durante la segunda mitad del siglo XX se iba consolidando la salud pública en Latinoamérica mediante las políticas influenciadas por la colaboración de la Fundación Rockefeller que encontró en la educación el camino ideal para implantar un modelo de salud universal. Su objetivo se verá cumplido a través de numerosas becas para la formación de profesionales sanitarios latinoamericanos, con una clara intencionalidad de influir en el discurso oficial de la salud pública desde la mirada exclusiva biomédica^6,7,8. Asimismo, desde la década de 1940 comenzó la formación del personal sanitario en temas de nutrición y fue el sector salud quien determinó los alimentos que debían priorizarse en las tablas nutricionales elaboradas por dichos organismos.

A partir de finales de la década de 1970, el Banco Mundial comenzó a incorporar la nutrición dentro de sus agendas de desarrollo, inicialmente de manera incipiente, y consolidando su enfoque a partir de la década de 1990, cuando pasó a considerarla una inversión estratégica en capital humano y desarrollo económico^9,10. En este contexto, la nutrición adquirió mayor relevancia en las políticas internacionales de lucha contra la pobreza y el desarrollo social.

Si bien el enfoque principal del Banco Mundial fue la agricultura y el desarrollo económico, a finales de 1990 incluyó la nutrición entre sus intereses, reconociendo su importancia para la reducción de la pobreza. Desde este enfoque, la Fundación Bill y Melinda Gates colaboró con el Banco Mundial en el avance hacia el cumplimiento de los nuevos objetivos de nutrición establecidos a partir de 2015, año en que se lanzó la Global Financing Facility (GFF), un mecanismo de financiamiento destinado a mejorar la salud y la nutrición de mujeres, niños y adolescentes. En la actualidad, dicha fundación y el Banco Mundial colaboran activamente en tres de los ejes centrales de la Agenda 2030 -salud, agricultura y educación-, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo discurso se presentaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destaca el logro de la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la promoción de una agricultura sostenible.

Paralelamente, a mediados de 1990 aparecieron en el mercado las semillas transgénicas bajo el discurso de la necesidad de paliar el hambre en el mundo. La empresa estadounidense Monsanto -perteneciente, desde 2018, a la empresa farmacéutica Bayer- creó semillas modificadas a partir de ingeniería genética, que fueron aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA). El discurso de las empresas fue diseñado para convencer a reguladores, agricultores y al público general de que los organismos genéticamente modificados (OGM) eran una innovación positiva para la agricultura y la seguridad alimentaria mundial y representaban innovación, eficiencia y sostenibilidad. Sin embargo, con el paso de los años, este objetivo no solo no se ha cumplido, sino que la situación ha empeorado: los suelos se han degradado, el agua se ha contaminado y la calidad alimentaria ha disminuido notablemente, lo que ha contribuido a un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas^11,12.

El primer alimento transgénico comercializado fue el tomate Flavr Savr en 1994, creado para tener una vida útil más larga, sin embargo, su producción se suspendió pocos años después debido a problemas de rendimiento y costos elevados. En 1996 la empresa Monsanto desarrollo para comercializar la soya Roundup Ready, modificada para tolerar el herbicida glifosato. La Fundación Bill y Melinda Gates y el Banco Mundial colaboraron en numerosos programas con el objetivo de mejorar la productividad agrícola para países en “desarrollo”¹³. Estas entidades junto a la Fundación Rockefeller implementaron la llamada Revolución Verde en África, que consistía en difundir semillas transgénicas en toda África e incluía patrocinios financiados por United States Agency for International Development (USAID) y el Banco Mundial para capacitar en Estados Unidos a científicos africanos en ingeniería genética. Asimismo, Monsanto creo un programa en Sudáfrica para minifundistas llamado “semillas de la esperanza”, introduciendo semillas transgénicas a agricultoras pobres en pequeña escala. Más tarde este proyecto se extenderían a Latinoamérica. Los transgénicos fueron considerados una herramienta para conseguir, según estas instituciones, la seguridad alimentaria e impulsar un modelo de agricultura industrial, basada en el agronegocio^5,12.

Una vez abierta la puerta a la aprobación de alimentos genéticamente modificados para consumo humano y animal, comenzó la industria de alimentos a introducirlos en los productos ultraprocesados, especialmente aquellos elaborados a base de soja, maíz, canola, entre otros. Los transgénicos están presentes en la actualidad en muchos alimentos como aceites, harinas, almidones, estabilizantes, emulsionantes, aditivos industriales, y productos derivados del maíz y la soja. Dichos productos comenzaron a forman parte de los programas de alimentación a nivel mundial a partir de 1996, cuando se promovió la comercialización de los transgénicos a gran escala^11,12.

Los organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) fueron diseñados, en un inicio, para ser resistente a los insectos (en el caso del maíz) y/o al glifosato, el herbicida más utilizado a nivel mundial. Sin embargo, aun en países como el peruano, que prohibió el ingreso de semillas transgénicas para el cultivo, el herbicida glifosato es el más usado en el país, debido a la amplia campaña publicitaria, el bajo costo y que está catalogado con etiqueta azul cuya característica refiere ser ligeramente peligroso, motivo por el que los agricultores y población general consideran que es poco tóxico¹⁴.

Sin embargo, el glifosato es un herbicida no selectivo. Si bien su uso está principalmente asociado a los cultivos transgénicos, también es utilizado extensivamente en cultivos agrícolas tradicionales para el control de malezas y como desecante en la precosecha¹⁵. Estudios realizados en la última década, indican que el glifosato es seudo-persistente¹⁶ y que presenta efectos adversos graves en la salud tanto de los animales estudiados^17,18,19 como de los seres humanos^{20,21,22,23,24,25}. En 2015, fue recategorizado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) como probablemente carcinógeno para los seres humanos²⁶. Asimismo, se ha detectado su presencia en el aire²⁷, en suelos^28,29, en aguas ubicadas en zonas alejadas de los cultivos donde se aplica³⁰ y en alimentos^21,31,32. Del mismo modo, afecta directamente la microbiota intestinal de abejas³³, del ganado bovino³⁴ y de los seres humanos³⁵, así como la microbiota del suelo³⁶, contribuyendo a su empobrecimiento.

El programa de alimentos en Perú

En el Perú, la siembra de transgénicos con fines de cultivo fue prohibida, como resultado de una moratoria establecida originalmente por la Ley 29811 en 2011, que imponía una prohibición de diez años al ingreso y producción de transgénicos para proteger la biodiversidad y evaluar riesgos biológicos. En enero de 2021, el Congreso prolongó esta moratoria, extendiéndola hasta el 31 de diciembre de 2035, lo cual impide legalmente el uso de OGM en cultivos agrícolas o su liberación al ambiente, aunque mantiene excepciones para investigación, uso farmacéutico y alimentación procesada³⁷.

Desde la promulgación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en 2010, el ordenamiento jurídico peruano exige que los alimentos que contengan OGM informen dicha condición en su etiquetado. Sin embargo, la implementación efectiva de esta disposición ha enfrentado importantes limitaciones, principalmente debido a la ausencia de un reglamento técnico específico y a la resistencia de ciertos sectores de la industria alimentaria. En 2024, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios advirtió que, tras más de doce años de vigencia de la norma, el reglamento correspondiente aún se encontraba pendiente de aprobación, situación que ha permitido que diversos productos procesados continúen comercializándose sin brindar información clara y suficiente al consumidor. Esta problemática evidencia persistentes deficiencias en los mecanismos de fiscalización y en el cumplimiento de la normativa vigente, pese a que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha impuesto algunas sanciones a diversas empresas por omitir en el etiquetado la presencia de componentes transgénicos³⁸.

Desde la década de 1980, los programas alimentarios han desempeñado un papel importante en el Perú. Una de las primeras políticas refirió a los comedores populares autogestionarios, que se establecieron en las zonas periféricas de Lima a finales de la década del 1970. Más tarde, con apoyo de cooperación internacional, comenzaron a funcionar dos programas de distribución de alimentos: El Programa de Alimentación Escolar y el Programa Materno Infantil, que fueron implementados en gran parte de América Latina. Paralelamente, en Lima se puso en marcha el Programa Municipal del Vaso de Leche en 1984, con el objetivo de proporcionar leche a madres gestantes y lactantes, y a niños y niñas de 0 a 6 años de edad. La finalidad principal era brindar asistencia alimentaria a las zonas urbano-marginales y rurales más vulnerables del país³⁹.

En la década de 1990, el Programa de Asistencia Directa (PAD) fue reemplazado por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Entre sus principales iniciativas se destaca el Proyecto de Desarrollo Integral con Apoyo Alimentario (PRODIA), considerado el programa alimentario más importante de ese periodo. El proyecto fue financiado por la United States Agency for International Development (USAID) y ejecutado por CARE, una ONG fundada en EEUU en 1945 con el objetivo de enviar ayuda humanitaria a Europa. Originalmente, sus siglas significaban Cooperative for American Remittances to Europe; posteriormente, al ampliar sus actividades humanitarias a distintas partes del mundo, pasó a denominarse Cooperative for Assistance and Relief Everywhere. Si bien el PRONAA ejecutó el PRODIA en coordinación con el Ministerio de Salud, entre los años 2000 y 2011, el programa atravesó varios procesos de reestructuración. Cada gobierno implementó diversos cambios en el PRONAA, hasta que, a finales de mayo de 2012, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social decidió cerrarlo, creando en su reemplazo el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma^39,40,41,42.

Durante el periodo 2013-2014, la FAO apoyó el diseño del modelo de operación del programa de alimentos Qali Warma, además, de asistencia técnica a los equipos del programa a nivel nacional y de escuelas públicas, e involucro a cuatro ministerios: Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión Social, y Agricultura y Riego⁴³.

El Programa Qali Warma brindaba asistencia alimentaria a 4,2 millones de escolares en todo el país con desayunos y almuerzos dirigido a la población escolar entre los 3 y los 12 años y funcionaba desde mayo de 2013⁴⁴. En diciembre de 2024, tras denuncias por intoxicación de alimentos en las regiones de Ancash, Piura y Amazonas, y tras un escándalo destapado en varios medios de comunicación que confirmaban la corrupción detrás del programa, fue suspendido a fin de año. A comienzos del 2025, con la finalidad de lavar la imagen del programa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cambiaba su nombre a Wasi Mikuna. Sin embargo, a los pocos meses de comenzar a distribuir los alimentos en las escuelas, en abril del mismo año, y después de nuevas intoxicaciones de escolares^45,46, se decidió cerrar el programa definitivamente para una profunda reestructuración, según anunció el propio Ministerio.

El caso del pueblo awajún en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas

Entre los programas de alimentos más importantes, con influencia en el desarrollo de los niños y adolescentes awajún de la provincia de Condorcanqui, se encuentran el programa Qali Warma y el Vaso de Leche. El primero depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el segundo, de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui. Si bien ambos programas son considerados por las instituciones respectivas como una ayuda complementaria en la alimentación infantil, en la práctica, los alimentos incluidos en el programa Qali Warma terminan integrando las comidas principales de los escolares: el desayuno y el almuerzo. En el caso de los niños y adolescentes que deben vivir en internados durante su proceso educativo, especialmente en el nivel secundario, el programa también provee los alimentos para la cena. La provincia de Condorcanqui constituye la única jurisdicción del departamento de Amazonas que cuenta con la implementación de la totalidad de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

A partir de 2019, en respuesta a los problemas de alimentación detectados en las residencias estudiantiles de la provincia y como resultado de gestiones impulsadas a nivel local, se logró ampliar la cobertura del programa, incluyendo la entrega de alimentos también durante los fines de semana. No obstante, los productos suministrados eran los mismos para las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y cena), y consistían en: aceite vegetal (soya y palma), frijoles, lentejas, fideos, arroz, arvejas, conservas de atún y de carne de ave (pollo o pavo), leche evaporada enlatada, azúcar, galletas, avena y harina de plátano, esta última proveniente de la producción local¹⁴. Cabe señalar que, en las zonas indígenas de la Amazonía, el programa Qali Warma está presente en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.

Pese a las demandas de los padres de familia y de los dirigentes awajún, el programa no permitía la incorporación de alimentos frescos locales, principalmente debido a la falta de capacidad para producir y abastecer de manera continua, durante todo el año, a todos los establecimientos educativos del territorio, según indicaron las autoridades del propio programa. Sin embargo, desde su inicio, la mayoría del pueblo awajún expresó su descontento con los alimentos enlatados y productos ultraprocesados que se distribuían en las escuelas y que no forman parte de sus hábitos alimentarios⁴⁷.

El programa de alimentos en Uruguay

La introducción de cultivos transgénicos en Uruguay se inició en 1996, cuando se autorizó el primer evento de soja genéticamente modificada (GTS 40-3-2, Roundup Ready), marcando el comienzo de la adopción nacional de organismos vegetales genéticamente modificados⁴⁸. Posteriormente, el país amplió su base de cultivos transgénicos con la aprobación de los maíces MON810 en 2003 y Bt11 en 2004, lo que consolidó la expansión de la biotecnología agrícola en la región^49,50. En Uruguay solo están aprobados eventos transgénicos de maíz y soja para su producción y uso comercial, ya sea para consumo directo o para procesos de transformación. Sin embargo, también hay eventos transgénicos de algodón, papa, tomate y trigo, aprobados únicamente para investigación, ensayos de campo o para la producción de semilla destinada a la exportación, siempre bajo condiciones controladas de bioseguridad⁵¹. Cabe destacar que el trigo HB4-PAT, resistente a la sequía y al herbicida glufosinato, está autorizado en Argentina y Brasil. Este evento podría estar contaminando alimentos comercializados en Uruguay, elaborados con harina de trigo procedente de dichos países, en un contexto en el que este cereal constituye la base de la alimentación en Uruguay.

Desde 2017, Uruguay dispone del Decreto Municipal 36554, mediante el cual se establece la obligatoriedad del etiquetado de alimentos que contienen organismos vegetales genéticamente modificados. De acuerdo con esta normativa, los productos identificados con la letra “T” en su etiqueta indican la presencia de componentes transgénicos derivados de maíz y/o soya⁵².

Los programas de asistencia alimentaria en Uruguay se han desarrollado a lo largo de varias décadas, con antecedentes en los primeros comedores obreros de comienzos del siglo XX. En 1942 se creó el Instituto Nacional de Alimentación, dependiente inicialmente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo principal de atender a la población trabajadora en el marco de un país en proceso de industrialización⁵³. Con el tiempo, las políticas alimentarias ampliaron su cobertura, incorporando a población en situación de pobreza, enfermos crónicos, niños y familias en situación vulnerable y en escenarios de emergencia.

La creación del Ministerio de Desarrollo Social en 2005 y el traspaso del Instituto Nacional de Alimentación a esta cartera, en 2016, permitieron adoptar un enfoque integral para la seguridad alimentaria y nutricional⁵⁴. Como consecuencia, a partir de 2017-2018, el Instituto Nacional de Alimentación implementó un proceso de reformas orientado a reemplazar la tradicional canasta fija de alimentos por modalidades más flexibles, que incluían transferencias monetarias mediante la “Tarjeta Uruguay Social”, distribución de alimentos preparados en comedores y convenios con la agricultura familiar para mejorar la calidad nutricional⁵⁵. Estas reformas perseguían aumentar la eficiencia, la adaptabilidad y la territorialidad de los programas de asistencia alimentaria.

Actualmente, el Instituto Nacional de Alimentación combina diversas modalidades de apoyo: comedores, transferencias monetarias, programas dirigidos a grupos específicos (como adultos mayores o personas con enfermedades crónicas) y asistencia a instituciones educativas y sociales^56,57. En este contexto, en 2018 se creó el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el propósito de fortalecer la vigilancia nutricional y promover prácticas de alimentación saludable y sostenible.

Las entregas de canastas de Instituto Nacional de Alimentación en el “Programa de Riesgo Nutricional” (PRIN) y el “Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos” (PAEC) cesaron a partir de 2019-2020, debido a una reforma en la política alimentaria que trasladó el foco hacia sistemas más integrados, diversificados y territorialmente adecuados. Estas transformaciones, sin embargo, no estuvieron exentas de tensiones. En 2018, técnicos del propio Instituto Nacional de Alimentación denunciaron ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) que los cambios introducidos referidos a los programas PAEC y PRIN -en los que se pasó a una transferencia monetaria, modificando de forma radical la focalización de la población, así como el acceso a política alimentaria-, generó una vulneración de los derechos vinculados al acceso a una alimentación adecuada⁵⁸. Si bien no hubo sanciones, el debate público y parlamentario obligó a replantear la gestión de los programas y reforzar la continuidad del apoyo alimentario⁵⁹.

El caso de los programas de alimentos en la Intendencia de Maldonado

La Intendencia de Maldonado gestiona los programas del Instituto Nacional de Alimentación a través del Sistema Nacional de Comedores y de los merenderos mediante el programa Alimentando Derechos, los cuales brindan alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la Intendencia de Maldonado cuenta con su propio programa de asistencia alimentaria, la Canasta de Emergencia Alimentaria, cuya entrega y focalización son de órbita exclusiva de la Intendencia. Este programa sustituyó, en su momento, a las canastas de Riesgo Nutricional y de Adulto Mayor que eran entregadas por el Instituto Nacional de Alimentación hasta el año 2019⁶⁰.

Asimismo, mantiene comedores y merenderos gestionados por el Municipio de Maldonado, que ofrecen comidas a personas en situación de vulnerabilidad. Según reportes de la Intendencia, se distribuyen aproximadamente 3.000 canastas de alimentos por mes, diferenciadas según las necesidades nutricionales: canastas estándar (12 productos), canastas para personas con riesgo nutricional (bajo peso, embarazadas, lactancia) y canastas especiales para personas con discapacidad o celíacos (productos sin gluten)⁶⁰. Además, la Intendencia de Maldonado promueve el “Plan de Huertas Familiares”, distribuyendo paquetes de semillas hortícolas para que los hogares puedan cultivar sus propias hortalizas⁶⁰. Según el informe del Centro de Investigaciones Económicas, los menús de los comedores se elaboran principalmente con insumos provenientes del Instituto Nacional de Alimentación, y la Intendencia de Maldonado atiende alrededor de 2.000 comensales diarios⁶¹. Estas políticas reflejan una visión integral de seguridad alimentaria: no solo se entrega alimentos, sino que también se promueve la producción local, y se atienden necesidades específicas de ciertos grupos vulnerables⁶⁰.

Durante la pandemia de covid-19, el programa “Canasta de Emergencia” distribuyó 45.086 canastas⁶². Actualmente, la Intendencia de Maldonado ofrece la “Canasta de Emergencia Alimentaria”, con un valor aproximado de 30 dólares. En 2024, se obtuvo una canasta para analizar la posible presencia de glifosato en los víveres que la componen. Cabe destacar que, en Uruguay, la aptitud y la inocuidad microbiológica de los productos de la Canasta de Emergencia son aseguradas mediante análisis realizados en los laboratorios de bromatología de las intendencias departamentales, requisito previo a su autorización para la comercialización⁶³, no realizándose análisis químicos a nivel nacional.

Metodología

El presente estudio corresponde a una investigación exploratorio-descriptiva orientada a la detección y cuantificación de residuos de glifosato en alimentos distribuidos por programas sociales de alimentación en Perú y Uruguay, mediante una cuantificación analítica de muestras provenientes de los dos países y realizadas al mismo tiempo y en el mismo laboratorio (LaTraMA, Udelar, Uruguay), utilizando la técnica Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

El origen de este artículo se vincula con un antecedente de investigación antropológica previo realizado en 2023 en comunidades awajún de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas (Perú), centrado en las transformaciones de los sistemas alimentarios locales. Dicho antecedente permitió identificar procesos de cambio en los patrones alimentarios y contribuyó a la delimitación del problema de investigación del presente estudio. En este sentido, el antecedente mencionado se emplea únicamente como contexto explicativo del origen de la toma de muestras de alimentos para su posterior análisis químico de laboratorio. En el caso peruano, dichas muestras se obtuvieron a partir de solicitudes realizadas por docentes de comunidades awajún, motivadas por preocupaciones sobre una posible contaminación de los alimentos consumidos cotidianamente por niños en edad escolar. Posteriormente, las muestras fueron analizadas de manera independiente.

Los ensayos analíticos de cuantificación de glifosato en las matrices seleccionadas de ambos países se realizaron en el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria (LaTraMA), Sección Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), Montevideo, Uruguay, mediante el método ELISA. De acuerdo con las características de cada matriz, se realizó un tratamiento previo siguiendo las instrucciones del fabricante. Los ensayos se realizaron por triplicado.

En relación con las consideraciones analíticas, es importante señalar que el método utilizado permite la detección de glifosato, pero no la cuantificación de sus principales metabolitos. En este sentido, la European Food Safety Authority ha recomendado, desde 2009, que la evaluación del residuo de glifosato incluya la suma del compuesto original y sus principales metabolitos (N-acetilglifosato, AMPA y N-acetil-AMPA)⁶⁴. En consecuencia, los valores reportados en este estudio podrían interpretarse como una estimación parcial de la presencia total del herbicida.

Paralelamente, a los exámenes de laboratorio se efectuó un análisis de fuentes secundarias que incluyó literatura académica, normativa vigente y documentos institucionales, con el propósito de contextualizar los resultados obtenidos y contribuir a la comprensión del problema en el marco de las políticas públicas de asistencia alimentaria.

En relación con las consideraciones éticas, la recolección de muestras se realizó con el conocimiento y la autorización de las instituciones educativas participantes en el caso de Perú, así como mediante coordinación institucional en el caso de Uruguay. El estudio no implicó la recolección de datos personales, información clínica ni intervención sobre individuos. Las muestras correspondieron exclusivamente a alimentos distribuidos o adquiridos en los puntos de muestreo. Asimismo, las actividades en territorio se desarrollaron respetando los marcos institucionales y comunitarios de los contextos participantes.

Dado el carácter exploratorio del estudio y el tamaño limitado de la muestra, los resultados no permiten establecer inferencias estadísticas ni relaciones causales, sino aportar evidencia preliminar sobre la presencia de residuos de glifosato en alimentos distribuidos por programas sociales en ambos contextos.

En Perú, las muestras se recolectaron en tres localidades de la provincia de Condorcanqui. En dos de ellas, Chingamar (29 de junio de 2023) y Achoaga (18 de noviembre de 2023), los productos fueron obtenidos en instituciones educativas. Asimismo, se efectuó una toma adicional en una bodega del centro poblado Juan Velasco Alvarado (19 de noviembre de 2023), donde se adquirió maíz destinado al consumo local, frecuentemente utilizado por los pobladores para la alimentación de aves menores. Las características de las muestras se presentan en la Tabla 1.

En el caso de Uruguay, el estudio se complementó con el análisis de alimentos provenientes del Programa Canasta de Emergencia Alimentaria, gestionado por la Intendencia de Maldonado. De las doce muestras recibidas el 9 de febrero de 2024 por personal técnico de la Intendencia de Maldonado, las matrices seleccionadas para su análisis respondieron a criterios de posible exposición a glifosato, incluyendo productos derivados de cultivos susceptibles de contener residuos asociados a su cadena de producción. Las características de las muestras recibidas se presentan en la Tabla 2.

Resultados

Los resultados de los análisis sobre la presencia de glifosato en las muestras seleccionadas del Programa de alimentos de Perú se presentan en la Tabla 3.

Los resultados de los análisis químicos presentados en la Tabla 3 evidencian la presencia de residuos de glifosato en las muestras analizadas del programa Qali Warma, entre ellos, la leche, el pavo enlatado y las galletas. En el caso de Perú, no se ha establecido un límite máximo de residuos (LMR) específico para este herbicida en productos alimenticios; por ello, se tomaron como referencia los estándares establecidos por países vecinos, como Argentina, así como los parámetros de la Unión Europea (UE). Se observó que la leche contenía una concentración de glifosato de casi 100 veces superior al límite máximo de residuos permitido por la normativa europea. En el pavo enlatado se detectó una concentración de 3,4 partes por millón (ppm). En el caso de las galletas, y considerando que el glifosato provenga del trigo empleado en su elaboración, los niveles encontrados superan varias veces los límites establecidos tanto por la UE como por Argentina. Las mediciones obtenidas superaron el rango cuantificable del método empleado (80 ppm), lo que impide asignar un valor exacto de concentración de glifosato. Por otro lado, el análisis del maíz comercializado en bodegas para la alimentación de aves menores reveló la concentración más alta de glifosato, con un valor de 10,6 ppm. Esta cifra también decuplica los límites máximos de residuos de Argentina y la Unión Europea y duplica el límite máximo de residuos del Codex Alimentarius.

Dado el tipo de cultivo analizado, este resultado podría ser consistente con la presencia de maíz genéticamente modificado, aunque este aspecto no fue verificado en el presente estudio. Esta situación reviste particular preocupación en el contexto peruano, ya que comunidades como las del pueblo awajún utilizan este tipo de maíz en sus prácticas agrícolas tradicionales, esparciéndolo en los alrededores de sus viviendas, lo que podría ocasionar la contaminación genética del maíz nativo local, además de la contaminación química por el glifosato.

Los resultados de los análisis sobre la presencia de glifosato en las muestras seleccionadas, según el criterio detallado en el apartado metodología, de la Canasta de Emergencia Alimentaria de la Intendencia de Maldonado se muestran en la Tabla 4.

Como se puede observar en la Tabla 4, en la Canasta de Alimentos de Maldonado, se detectó glifosato en ocho de las doce muestras analizadas. En la harina de trigo y el cacao en polvo, aunque el glifosato era detectable, los valores obtenidos se encontraban por debajo del límite de cuantificación, es decir, inferiores a 0,75 ppm. En las seis muestras restantes, las concentraciones superaron los límites máximos de residuos establecidos por el Codex Alimentarius de la UE y la Argentina. En dos de estos casos (pasta seca al huevo y lentejas), las concentraciones excedieron los límites máximos de residuos en más de cinco veces, mientras que en tres casos adicionales (arroz, polenta de maíz y leche en polvo) los valores superaron en más de diez veces dichos límites. En el caso particular de la avena laminada, las mediciones superaron el rango cuantificable del método empleado (80 ppm), lo que impide asignar un valor exacto de concentración de glifosato.

Considerando el amplio rango entre los límites máximos de residuos de la UE (20 ppm) y del Codex Alimentarius (100 ppm), y dado que Uruguay adopta como referencia los valores del Codex, es posible que esta muestra se encuentre dentro de los límites permitidos; sin embargo, no puede descartarse que se trate de una muestra altamente contaminada, con concentraciones superiores al límite máximo de residuos. Ensayos preliminares realizados mediante un kit semicuantitativo ABRAXIS® Glyphosate Strip Test (prueba inmunocromatográfica en tiras reactivas para la detección de glifosato en muestras de agua y alimentos) habían indicado un resultado de “alto positivo” para esta matriz, consistente con los resultados del análisis instrumental.

Discusión

Los resultados obtenidos evidencian la presencia de residuos de glifosato en alimentos distribuidos por programas sociales de alimentación en Perú y Uruguay, lo que plantea interrogantes relevantes en torno a la inocuidad de los productos destinados a poblaciones vulnerables. En el caso del programa Qali Warma (Perú), se detectó la presencia del herbicida en la mayoría de las muestras analizadas, mientras que en el caso del Programa Canasta de Emergencia Alimentaria (Uruguay) también se registró presencia de glifosato en una proporción significativa de los alimentos evaluados, incluyendo algunos casos con niveles superiores a los límites máximos de residuos establecidos por el Codex Alimentarius⁶⁹.

El Codex Alimentarius, elaborado conjuntamente por la FAO y la OMS, establece los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos con el propósito de garantizar la inocuidad alimentaria y facilitar el comercio internacional⁷⁰. Estos límites constituyen referencias ampliamente adoptadas por los países; sin embargo, su aplicación puede variar según los marcos regulatorios nacionales y regionales. En el caso de Uruguay, los LMR se basan en el Codex, aunque también incorporan referencias de otras normativas internacionales cuando no existen valores específicos⁷¹, mientras que en Perú la vigilancia sanitaria es responsabilidad de las autoridades competentes en inocuidad alimentaria.

En este contexto, los resultados del presente estudio subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de monitoreo y control de residuos de pesticidas en los alimentos distribuidos por programas de asistencia alimentaria, especialmente en aquellos dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la ausencia o limitación de protocolos específicos para la detección sistemática de residuos de plaguicidas en estos programas constituye un aspecto relevante para la evaluación de la calidad e inocuidad alimentaria.

Los resultados también deben interpretarse a la luz de las limitaciones en los sistemas de vigilancia disponibles, así como de la necesidad de mejorar la disponibilidad de información pública sobre monitoreo de residuos en alimentos básicos. En el caso de Uruguay, investigaciones recientes han señalado la disponibilidad limitada de datos de monitoreo de residuos de plaguicidas en determinados cultivos en los últimos años, lo que dificulta una evaluación integral de la exposición alimentaria⁷².

En el caso peruano, la seguridad alimentaria en programas de asistencia también ha sido objeto de atención institucional. En particular, INDECOPI ha reportado incidentes relacionados con la calidad de determinados productos alimenticios distribuidos en el marco de programas públicos, los cuales han motivado revisiones en los mecanismos de control y supervisión de alimentos. Estos antecedentes se enmarcan dentro de los desafíos asociados al aseguramiento de la inocuidad alimentaria en programas de asistencia dirigidos a poblaciones vulnerables.

De forma complementaria, diversos estudios han señalado que la presencia de residuos de herbicidas como el glifosato está asociada a sistemas de producción agrícola intensiva en los que su uso es ampliamente extendido^{15,31,50,73,74}. En este sentido, la detección de residuos en alimentos procesados o de consumo habitual puede estar vinculada a la cadena de producción y transformación de materias primas agrícolas, lo cual refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas de control a lo largo de toda la cadena alimentaria.

En relación con los sistemas de producción agrícola asociados al uso de glifosato, la literatura ha señalado su vinculación con modelos de agricultura intensiva en los que el uso de herbicidas es ampliamente extendido, sin embargo, también es frecuente encontrar el uso de glifosato en la agricultura familiar o de pequeña escala. Asimismo, organismos internacionales como la FAO y la OMS han señalado que los organismos genéticamente modificados (OGM) aprobados son considerados seguros para el consumo humano bajo los estándares actuales de evaluación de riesgo ^70,75, a pesar de que existe un debate científico sobre los impactos socioambientales y sanitarios asociados a ciertos modelos productivos.

En este marco, la bibliografía especializada también ha discutido el papel de distintos actores institucionales y privados en el desarrollo de la biotecnología agrícola y en la configuración de los sistemas agroalimentarios contemporáneos^76,77,78. Sin embargo, estas discusiones pertenecen a un nivel estructural más amplio que excede el alcance empírico del presente estudio, centrado específicamente en la detección de residuos de glifosato en alimentos distribuidos por programas sociales en Perú y Uruguay.

En conjunto, los resultados obtenidos aportan evidencia analítica sobre la presencia de glifosato en alimentos distribuidos por programas sociales en ambos países y sugieren la necesidad de profundizar en estrategias de vigilancia y control de contaminantes químicos en alimentos destinados a poblaciones vulnerables. Cabe destacar que los productos analizados no son de uso exclusivo de estos programas, sino que también se comercializan de manera habitual en bodegas, almacenes y supermercados de ambos países. En este sentido, si bien los resultados corresponden únicamente a las muestras evaluadas y no pueden extrapolarse a otros productos o a la población general, ponen de relieve la importancia de fortalecer la vigilancia de residuos de pesticidas en alimentos de consumo masivo.

Conclusiones

El presente estudio exploratorio-descriptivo identificó la presencia de residuos de glifosato en muestras de alimentos distribuidos por programas sociales en Perú y Uruguay, específicamente en productos correspondientes al programa Qali Warma y a la Canasta de Emergencia Alimentaria de la Intendencia de Maldonado.

Los resultados muestran la presencia cuantificable del herbicida en la mayoría de las muestras analizadas en ambos contextos, con variaciones en los niveles registrados según tipo de alimento. En algunos casos, las concentraciones observadas superaron los Límites Máximos de Residuos de referencia internacional utilizados como parámetro comparativo.

Estos hallazgos deben interpretarse en el marco de la expansión del uso de herbicidas en sistemas agroalimentarios contemporáneos, vinculados a procesos de intensificación agrícola y transformación de las cadenas de producción alimentaria en las últimas décadas, en los que se inscribe el desarrollo de la agricultura industrial consolidada a partir de la Revolución Verde⁷⁹.

Dado el carácter exploratorio del estudio y el tamaño reducido de la muestra, los resultados no permiten realizar inferencias estadísticas ni generalizaciones sobre la totalidad de los programas evaluados o sobre la exposición de las poblaciones beneficiarias. En consecuencia, los hallazgos deben entenderse como evidencia preliminar circunscrita a las muestras analizadas.

Finalmente, los resultados obtenidos sugieren la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo y control de residuos de pesticidas en alimentos destinados a programas de asistencia alimentaria, así como de ampliar la disponibilidad de información analítica en este tipo de contextos, en el marco de la necesidad de fortalecer la vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, sugieren la conveniencia de profundizar investigaciones sobre las posibles implicancias de estos residuos para la seguridad alimentaria y la salud de las poblaciones beneficiarias.